Persisten prácticas de “autogobierno” en cárceles de Michoacán

Penales de Morelia, con la calificación más baja del resto.

En el Centro de Reinserción Social de Morelia “David Franco Rodríguez”, el Penitenciario de Delitos de Alto Impacto y el ubicado en el municipio de Uruapan persisten prácticas de autogobierno por algunos internos.

En rueda de prensa, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato Lozano, dio a conocer los resultados al diagnóstico de supervisión en los penales de Michoacán, cuya calificación fue de un 8.4 en general, es decir casi cuatro puntos porcentuales más que en 2016, resaltándose aún pendientes como la atención médica, psicológica, psiquiátrica y sobretodo a internos especiales.

Al reconocer que la calificación para los centros penitenciarios de Michoacán cumple con los parámetros, pero aún así está por debajo de otras entidad como Aguascalientes y Guanajuato, enlistó a los centros mejor evaluados:

El Cereso de Tacámbaro obtuvo una calificación del 9.14, encontrándose deficiencias en la falta de privacidad en los espacios de visita íntima; le sigue el de La Piedad, cuya evaluación fue del 8.86 al no contar con la atención adecuada a adultos mayores y personas con adicciones.

Para el caso del centro penitenciario de Lázaro Cárdenas, obtuvo una calificación de 8.53 por la falta de atención integral social, médica y de psiquiatría, mismo caso para el Cereso de Uruapan con 8.51 y el de Zamora con 8.48 puntos.

Maravatío con 8.42 ante la falta de más mobiliario para las aulas de clase, al igual que el de Sahuayo con un puntaje de 8.37 y Zitácuaro con 8.23, en la escala de diez es la máxima calificación.

Finalmente los penales de la capital del estado, es decir, el “Mil Cumbres” y de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto fueron evaluados con un 8.15 y 7.34 puntos ante la falta de mantenimiento en los espacios de castigo y cuyo puntaje más alto fue por las condiciones en que se encuentran los materiales de cocina.

Finalmente, Serrato Lozano argumentó que a pesar de haberse obtenido un incremento en el presupuesto de la coordinación penitenciaria, los trámites administrativos han retrasando la ministración de los recursos a cada penal.

Por: César Ábrego

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