Gobierno de Michoacán liquidará a 400 empleados basificados de la Junta de Caminos

Empleados de la dependencia acusan sentirse engañados por el Gobierno, quien no notificó sobre esta decisión.

Contrario a las promesas de que los derechos laborales de los trabajadores de la Junta de Caminos estaban garantizados con la supuesta fusión de la dependencia con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), fue el pasado siete de enero que la subsecretaría de Finanzas y Administración (SFA) confirmó la extinción y liquidación de la plantilla trabajadora cercana a los 400 empleados basificados y sindicalizados.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), Javier Maldonado Torres, quien acompañado por integrantes de los sindicatos de la Junta de Caminos (SITJC), reprocharon al titular de la Secretaría de Gobierno, Pascual Sigala, haber empeñado su palabra de respetar sus espacios laborales, por lo que ahora exigieron una mesa de trabajo con el encargado de la política interna ó de lo contrario radicalizarían acciones como tomas o bloqueos carreteros al interior del estado.

En su oportunidad, Rodrigo Correa Vences, secretario general del Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán (SEJCEM), lamentó la decepción e impotencia por el engaño del gobierno estatal puesto que desde un principio se planteó la extinción de la Junta, aunado a que se les han dado largas para reunirse con el Ejecutivo. Anticipando a su vez que analizan cuál será su proceder jurídico de concretarse su despido.

Desde su óptica, Osvaldo Zurita Vázquez, uno de los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Caminos (SITRAJC), deslizó la posibilidad de que el Gobierno encabezado por Silvano Aureoles tenga otro interés para la extinción de la Junta de Caminos, ya que en días recientes se firmó el convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) por el cual se privatizaría la red carretera del estado, lo cual, dijo, daría pie a los “moches” y actos de corrupción en la asignación de obra pública.

De los 400 empleados sindicalizados, son alrededor de 40 los que en un periodo máximo de tres años estarían en posibilidad de jubilación, situación que también es de preocupación para la base laboral de la dependencia.

Por: César Ábrego

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